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[{
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"origin" : "KyMAN",
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"sources" : [],
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"title" : "Gemini - Constitución Española de 1978",
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"group" : "gemini_constitucion",
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"queries" : [{
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"question": "En relación con el derecho de reunión y manifestación regulado en el artículo 21, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es constitucionalmente correcta?",
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"rights": ["El ejercicio de este derecho no necesita autorización previa, aunque en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se exige comunicación previa a la autoridad."],
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"wrongs": [
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"Toda reunión o manifestación en lugar público requiere una solicitud de autorización administrativa con al menos diez días de antelación para que las fuerzas de seguridad puedan garantizar el orden público.",
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"La autoridad gubernativa tiene la potestad discrecional de prohibir cualquier manifestación basándose en criterios de oportunidad política o conveniencia social sin necesidad de que exista un peligro real para bienes o personas."
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],
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"wrong_explanations": [
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"Esta respuesta es incorrecta porque la Constitución prohíbe el régimen de autorización previa para las reuniones; lo que existe es un deber de comunicación, no una solicitud de permiso que la administración pueda denegar arbitrariamente.",
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"Esta respuesta es errónea porque la autoridad solo puede prohibir o proponer la modificación de una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, nunca por motivos de oportunidad política."
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]
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}, {
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"question": "Según el artículo 11 de la Constitución Española, ¿en qué condiciones puede un español de origen perder su nacionalidad?",
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"rights": ["En ningún caso, ya que la Constitución prohíbe taxativamente que un español de origen sea privado de su nacionalidad española."],
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"wrongs": [
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"Un español de origen podrá perder su nacionalidad siempre que adquiera de forma voluntaria una nacionalidad extranjera que no sea de un país con particular vinculación con España y no declare su voluntad de conservar la española en un plazo de tres años.",
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"La pérdida de la nacionalidad para los españoles de origen puede producirse por sentencia judicial firme en los casos en que el ciudadano haya cometido delitos de alta traición o contra la seguridad del Estado debidamente tipificados en el Código Penal."
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],
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"wrong_explanations": [
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"Esta opción es incorrecta porque confunde las causas de pérdida voluntaria o por falta de uso que pueden afectar a ciertos casos legales, pero la Constitución establece un blindaje absoluto para el español de origen frente a la privación de nacionalidad.",
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"Esta opción es errónea porque, aunque existan delitos graves, la Constitución Española no permite la privación de la nacionalidad como sanción para los españoles de origen, diferenciándolos claramente de quienes la adquirieron por residencia o carta de naturaleza."
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]
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}, {
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"question": "¿Qué nivel de protección constitucional reciben los Principios Rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I)?",
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"rights": ["Su reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen."],
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"wrongs": [
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"Gozan de la máxima protección posible, permitiendo a cualquier ciudadano acudir directamente en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si considera que el Estado no está cumpliendo con el derecho a una vivienda digna o a la protección de la salud.",
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"Están sujetos a una reserva de ley orgánica obligatoria para su desarrollo, lo que significa que cualquier modificación en la normativa de seguridad social o medio ambiente requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para ser aprobada."
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],
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"wrong_explanations": [
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"Esta respuesta es incorrecta porque confunde la protección de los principios rectores con la de los derechos fundamentales de la Sección 1ª; los principios del Capítulo III no tienen acceso directo al recurso de amparo constitucional.",
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"Esta respuesta es errónea porque la reserva de ley orgánica se aplica exclusivamente a los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II), no a los principios rectores del Capítulo III, que suelen desarrollarse por ley ordinaria."
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}]
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}] |